Título: "La digitalización de la justicia en Honduras"

Autora: Gabriela Giselle Lobo Delcid

El estudio de la digitalización de la justicia en Honduras cobró gran importancia al presentarse la pandemia mundial desatada por el covid-19, debido al estado de necesidad en el que el país se encontraba y la suspensión de los términos procesales; lo que llevó a que la autora se planteara como pregunta de investigación ¿Qué está haciendo Honduras para lograr la digitalización del Proceso Civil?

En este trabajo la autora, para dar respuesta a la pregunta de investigación comienza por presentar la situación actual de la e-justicia en Honduras, exponiendo las muestras de digitalización que se encuentran en el Código Procesal Civil de Honduras, el uso de las TIC’s en el Poder Judicial, expone cronológicamente las reformas y la nueva legislación que de forma directa o indirecta han influido en la modernización de la justicia y analiza el plan de acción para digitalizar la justicia hondureña que se ha planteado el Poder Judicial.

Como pieza clave de la investigación, analiza la Ley de Gestión Electrónica de Procesos Judiciales y su incidencia en la digitalización de la justicia. Para su estudio hace uso del derecho comparado y le analiza a la luz de la legislación española, enfocándose en la comparación del Sistema de Expediente Judicial Electrónico y Lexnet.

Se pudo constatar, no se sabe si como causa o como efecto, que en todos los países la pandemia Covid-19 ha propulsado exponencialmente un fenómeno como el de la digitalización, que venía caminando al ritmo de la evolución social, pero que ha encontrado el entorno perfecto para que se convirtiera no ya en una evolución natural sino en una transformación imprescindible para la funcionalidad de la Justicia. En Honduras, como no podía ser de otra manera, también la pandemia del covid-19 convirtió la digitalización de la justicia en una necesidad ya que, por no contar con procesos digitalizados, los plazos y términos legales estuvieron suspendidos por 10 meses, provocando una paralización de la actividad de la Justicia.

Aprobar una norma no es suficiente para lograr cambios. Obviamente, la norma permite ofrecer la cobertura jurídica adecuada para consolidar los cambios, pero para que éstos efectivamente se consigan se hace necesario dotar, a efectos de la implementación del Sistema de Expediente Judicial Electrónico, a los órganos de justicia de los medios, materiales y personal necesarios para su buen funcionamiento, siendo imprescindible que la concienciación política a estos efectos permita aumentar el presupuesto del estado para el Poder Judicial.

Es indudable que los retos a los que el Sistema de Expediente Judicial Electrónico deba enfrentarse para su implementación son palmarios, si bien en este caso los retos pueden devenir en verdaderas oportunidades para el modelo jurídico en su conjunto. Debe reconocerse que con él se logra un nuevo diseño de las oficinas judiciales, cambiando la forma de realizar los actos de comunicación procesales, la presentación y recepción de escritos, y se conseguiría la transformación tímida pero imparable que dará lugar al trasvase de los expedientes en papel a los expedientes electrónicos.

En suma, la tarea que resta para Honduras es amplia, todo y que los avances iniciales son ya una realidad. Falta una clara apuesta en todos los ámbitos y con todos los operadores por la implementación total del modelo digital. El momento en el que nos encontramos probablemente sea el mejor de los posibles, pese a los obstáculos que la crisis social, económica y pandémica azota al país; pero el estado de necesidad también puede arrastrar exponencialmente el cambio hacia una sociedad integradora, cooperadora y sobre todo mucho más justa.