El alumno de Máster Juan Sebastián Arango presenta su TFM en el que indaga y analiza los conceptos de contrato estatal actualmente aceptados en Colombia y presenta las generalidades del arbitraje como mecanismo alternativo de solución de controversias.
13 de septiembre de 2017
Título: Vicisitudes en la determinación de competencia de los tribunales de arbitraje en las controversias derivadas del contrato estatal en Colombia
Autor: Juan Sebastián Arango Pastor
Existen vacíos normativos que han sido suplidos por pronunciamientos jurisprudenciales controvertidos y de posturas diversas al momento de determinar hasta dónde llega la competencia de un tribunal de arbitraje que es conocedor de una controversia contractual en la cual el Estado es parte.
Concluimos que frente a la importancia que reviste actualmente el tema y ante la necesidad de contar con instrumentos de justicia contractual ajustados y adecuados a la creciente demanda de bienes y servicios por parte del Estado, se amerita un desarrollo normativo propio (que puede formar parte del Estatuto de Arbitraje Vigente) que permita potencializar el arbitraje en los contratos que sean celebrados con la finalidad de atender una necesidad pública.
Se amerita un desarrollo normativo propio que permita potencializar el arbitraje en los contratos que sean celebrados con la finalidad de atender una necesidad pública
Lograr este objetivo constituiría un aporte significativo a la seguridad jurídica de orden contractual y legal. Además, contribuiría a garantizar el acceso a la administración de justicia en términos de calidad y oportunidad como ningún otro mecanismo puede ofrecerlo en las actuales condiciones.
En este sentido, consideramos necesario contar con una definición conceptual generalizada de orden legal frente a aspectos elementales y particulares de este tipo de contratos. También se muestra indispensable la definición de criterios objetivos y claros que limiten la interpretación y que permitan la identificación de la materia arbitrable particular en las controversias derivadas de los contratos celebrados para atender necesidades públicas, conforme a la regla general de la arbitrabilidad derivada de la disponibilidad del derecho.
Lo anterior se propone con la finalidad de masificar el uso del mecanismo alternativo de solución de controversias del arbitraje o, por lo menos, para reconocerle el nivel de validez y aceptación con el que cuenta la jurisdicción ordinaria.
