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La Brecha 02: Temporeras en Andalucía: acción colectiva contra el miedo

  • June 14th, 2022
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El pasado mes de enero llegaron a nuestras costas más de 850 mujeres procedentes de Marruecos; esto es solo un pequeño número de las más de 12.500 trabajadoras que, cada año, vienen a nuestro país desde distintos puntos del mundo para trabajar en la recogida de frutas y verduras.

España se sitúa como el principal exportador de estos productos dentro de la Unión Europea (Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación), por lo que el volumen de trabajo es elevado y la necesidad de contratar mano de obra también.

A pesar de la importancia y el prestigio de nuestra cosecha, España también se sitúa a la cabeza respecto al incumplimiento y vulneración sistemática de los derechos humanos y laborales de estas trabajadoras, tanto a las contratadas en España, como a las trabajadoras extranjeras contratadas en sus países de origen.

Los bajos salarios, la falta de descansos, la imposibilidad de acceder al sistema público de salud por parte de las trabajadoras migrantes, la manipulación y coacción por parte de los patrones y los abusos físicos e incluso sexuales son alguno de los retos que, temporada tras temporada, afrontan estas mujeres en nuestro país.

Ante esta problemática, en los últimos años hemos asistido a distintas reformas y modificaciones de la normativa legal laboral. Podemos mencionar la aplicación anual por parte del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migración, en el marco de las disposiciones establecidas por la Ley Orgánica 4/2000, del procedimiento de gestión colectiva de contrataciones en origen o de la aprobación en septiembre de 2020, del Convenio para la ordenación, coordinación e integración sociolaboral de los flujos migratorios laborales en campañas agrícolas de temporada. 

Evidentemente, todas estas medidas resultan insuficientes para hacer frente a la situación real de estas trabajadoras, ya que la patronal y las Empresas de Trabajo Temporal siguen perpetuando y esquivando la normativa legal vigente. Sus mecanismos van desde no declarar a todos sus trabajadores para no asumir la subida del SMI, pasando por la contratación irregular que llega incluso a ser el 50% de la plantilla o, incluso, alquilando la documentación de otros trabajadores para enfrentarse a las inspecciones de trabajo.

A pesar de todo esto, los recursos destinados por la inspección de trabajo siguen siendo insuficientes y la explotación laboral que se da dentro del sector no es reconocida dentro del mismo. Por parte de los empresarios es algo normal, y por parte de los trabajadores, no solo desconocen muchas de las prácticas que con ellos se llevan a cabo, sino que también desconocen sus derechos, los convenios y las leyes que los amparan. 

Uno de los territorios con más trabajo temporero en nuestro país es la provincia de Huelva. Allí la presencia de los frutos rojos y la riqueza y exclusividad de los mismos, convierten a la provincia onubense en una de las principales provincias con trabajo temporero de todo el país, sin olvidar que la situación geográfica de esta tierra favorece y facilita la contratación de mano de obra extranjera. 

Frente a esta situación, son muchos los colectivos y asociaciones que intentan organizarse y luchar para mejorar sus condiciones y conseguir que, al menos, se respeten sus derechos. Y, entre estas, es donde encontramos la asociación de Jornaleras de Huelva en Lucha, grupo autoorganizado de mujeres trabajadoras del campo.

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